PERMISO PARA MATAR
Asesinatos y desapariciones por agentes federales y estatales
CRÉDITOS
Coordinación
Daniel Moreno
Investigación
Paris Martínez
Análisis
Jacobo Dayán
Diseño, programación y sistematización de base de datos
Data Cívica
Investigación de campo
Paris Martínez
Marlén Castro
Beatriz García
Margena de la O
Jesús Guerrero
Óscar Guerrero
Franyeli García
Mayela Sánchez
Rey R. Jáuregui
Miguel Ángel León Carmona
Rocío Gallegos
Blanca Carmona
Gabriela Minjares
Carlos Arrieta
Charbell Lucio
Carlos López
José Abraham Sanz
Agradecemos el apoyo de Ford Foundation y OSF para realizar este proyecto.
INTRODUCCIÓN
Yolanda Adriana, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en Chihuahua. La mataron cinco elementos de la Policía Federal cuando paseaba en auto con sus hijas y su esposo. Ninguno de los presuntos autores está detenido. En enero de 2020, en el estado de Michoacán, Alfredo fue detenido por militares y entregado al Cártel Jalisco Nueva Generación, aun cuando solo era un campesino dedicado a la pisca de limón. No se ha vuelto a saber de él. No tenía antecedentes penales o alguna investigación abierta.
Víctor, un adolescente de 16 años, fue desaparecido en diciembre de 2013 por la policía Estatal de Veracruz. ¿Su delito? Vivir en una colonia “peligrosa”, aunque sobre él tampoco había ninguna acusación.
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La investigación que presentamos hoy busca reunir, por primera vez, un grupo específico de crímenes de lesa humanidad: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales, contra víctimas inocentes o indefensas.
Más específico: hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.
Jóvenes, muchos de ellos, otros que se encontraban a solas o en pequeños grupos, habitantes de ciertas localidades, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o de sectores estigmatizados (como personas con problemas de sustancias o con tatuajes en el cuerpo).
Hombres y mujeres que mostraron comportamientos que para la autoridad fueron “indebidos”, aunque no representaran delito alguno, como no detener la marcha del auto, vestir cierta ropa o actuar con reservas, nerviosismo o miedo en presencia de uniformados. Personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse.
Unos fueron asesinados, otros son víctimas de desaparición forzosa. Aquí hay -en un listado inédito- mil 524 víctimas. Casos recopilados a partir de una larga investigación, que incluyó revisiones hemerográficas, informes de derechos humanos y expedientes judiciales. Se acudió, sobre todo, a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos, que nos abrieron su información. Y se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas.
Cada uno prueba que no hablamos de “manzanas podridas” en las fuerzas de seguridad que simplemente se “portaron mal”. Son casos que prueban la violencia que ejerce el Estado y la impunidad que da a sus elementos. Son crímenes de lesa humanidad.
Son mil 524 víctimas que nos confirman que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado.
CAPÍTULOS
BASE DE DATOS
Esta base de datos presenta una recopilación de más de 1500 casos de asesinatos o desapariciones forzadas cometidas por fuerzas estatales o federales de seguridad, incluyendo el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. En la mayoría de estos casos no existen indicios para probar que las víctimas estaban sujetas a órdenes de arresto o de que participaban en actividades delictivas. Asimismo, en los casos en los que estos elementos sí existían, también hay pruebas de que las víctimas estaban indefensas.
La identificación de estos casos se logró mediante un algoritmo de búsqueda automatizada desarrollado por Data Cívica, el cual localizó más de 60 mil notas periodísticas coincidentes con los criterios establecidos. A partir de esta información, se llevó a cabo un proceso de depuración y revisión manual, cuyos resultados se integraron a los casos identificados en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las 32 comisiones estatales.